La norma prevé que las empresas sean penalmente responsables tanto de sus propios delitos como de los cometidos por sus empleados.
Hasta ahora sólo las personas podían responder por un delito penal y ser castigados con penas de cárcel. La reforma situará a las empresas en el mismo nivel, acabando con lo que en el mundo del Derecho se conoce como societas delinquere non potest. A partir de ahora también las empresas que cometan un delito podrán ser castigadas por él en la vía penal.
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